La sombra de la actuación de los jueces y de la implicación de cuerpos de seguridad del Estado en el asesinato de Yolanda González ha permanecido a lo largo de 40 años. El escritor y periodista Carlos Fonseca relata las zonas de luz y de sombra de un crimen que marcó la Transición.

En febrero de 2020 se cumplieron 40 años de uno de los asesinatos que marcaron el paso de la dictadura a la democracia. Un periodo más violento de lo que se recuerda en las glosas oficiales. La violencia tuvo varios epicentros. En las calles de Madrid se luchaba palmo a palmo por la libertad. La presencia de brigadas de la porra de extrema derecha, que atemorizaban transeuntes y perseguían a militantes de izquierdas se constata en la crónica de juzgados de la época. Arturo Ruiz, Arturo Pajuelo, José Luis Alcazo Alcazo son tres nombres casi olvidados, víctimas de la violencia de extrema derecha en Madrid. No te olvides de mí es un libro que también supone un homenaje a Yolanda González, la estudiante de 19 años que un 1 de febrero fue asesinada a sangre fría por un comando de Fuerza Nueva. Carlos Fonseca (Madrid, 1959) publicó en 2018 el más completo dossier sobre un caso del que aun no se conocen detalles clave.

¿Por qué te decidiste a hacer este libro sobre el caso de Yolanda?
Yolanda nació en 1961, yo soy del año 59. Es decir, cuando asesinan a Yolanda en febrero del 80, yo estaba en la universidad, en la Facultad de Periodismo. Aunque aquella era una época bastante complicada en la que un día sí y otro también había algún muerto en alguna manifestación ─decían que eran por disparos al aire de la policía o por la actuación de grupos de ultraderecha─, el asesinato de Yolanda me impactó. Estamos hablando de una chica a la que secuestran en su casa, llevan a un descampado y le pegan dos tiros en la cabeza a sangre fría.

¿Es la víctima anónima del caso más brutal dentro de la historia de la transición?
Los libros que he escrito tienen mucho que ver con la historia, casi todos son de la Guerra Civil, y tienen como protagonistas a personajes anónimos. Defiendo que la historia no solamente hay que contarla a través de los grandes personajes, sino que no se explica sin esos otros personajes que los libros han dejado orillados. El caso de Yolanda es perfecto para explicar lo que era la violencia en los primeros años de la Transición. Los intentos de muchos sectores sociales y también de la policía y la judicatura para que perviviera un franquismo sin Franco. Protagonizaron infinidad de asesinatos en eso que se ha vendido de manera oficial como una transición modélica, pero que en realidad fue una transición trágica y sangrienta.

Es un libro en el que, además de aportar muchísima documentación, hay mucha intimidad.
Es cierto que se han cumplido 40 años del asesinato, pero ella tenía 19 años cuando la asesinaron. Viven sus hermanos, vive el que fue su compañero sentimental, muchos de los que militaron con ella en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Hay muchos testimonios directos que dan cuenta de quién era, cómo era, qué le gustaba, qué hacía. La documentación permite dotar de veracidad y verosimilitud a los hechos. Pero también me parecía importante, para entender al personaje, hablar con la gente que la conocía y la había tratado. A pesar del tiempo transcurrido, esa gente sigue organizando periódicamente homenajes, publicando libros y promoviendo actos. Ahora están intentando que al instituto de Vallecas donde ella estudió le cambien el nombre por el de centro Yolanda González.

Para hacer este libro pasó por tus manos mucha documentación que te ha permitido conocer muy bien cómo era Emilio Hellín.
Emilio no se corresponde con el perfil que yo tenía un poco prefijado del militante de extrema derecha. Él ingresa en Fuerza Nueva con 30 años. No se correspondía con esos otros militantes mucho más jóvenes que en muchos casos fueron utilizados para protagonizar acciones violentas. Entra en el año 78, al menos eso es lo que pone en su carné de Fuerza Nueva.

Es un pequeño empresario que tiene una academia de electrónica e informática en el centro de Madrid, lo que entonces era una cosa bastante novedosa. Un hombre casado que ya tenía entonces dos hijos. Es decir una persona que podríamos decir que era absolutamente normal, sin que se le conociera hasta entonces ningún tipo de protagonismo ni en sentido positivo ni negativo. Ingresa en Fuerza Nueva. Fuerza Nueva se organizaba por distritos y él pasa a ser responsable de un grupo en el distrito de Arganzuela. Ellos mismos pasarían a autodenominarse Grupo 41. Formaban parte un chico de 19 años, que era Ignacio Abad, estudiante de químicas, y otras personas que ya eran de más edad: uno que trabajaba en un banco, otro que era representante comercial.

¿Cuál era la labor de ese grupo?
Oficialmente, indagar sobre los antecedentes de aquellas personas que querían ingresar en Fuerza Nueva y hacer servicios de seguridad cuando Fuerza Nueva organizaba algún tipo de mitin. Estábamos hablando de una Fuerza Nueva que entonces tenía poca representación. Blas Piñar representaba, o al menos en parte, la continuidad de lo que había sido el búnker en los últimos años del franquismo. Extraoficialmente, Hellín tenía excelentes contactos con la policía. Está acreditado que el Grupo 41 había participado por esa época en una campaña de quema de kioscos de prensa por unos artículos que salieron publicados en la revista Interviú en los que se denunciaban las connivencias que había entre militantes de extrema derecha con asesinatos perpetrados en País Vasco.

El caso de Yolanda acabó con la condena de seis personas, pero siempre quedó en el aire la responsabilidad que tuvo en ello Fuerza Nueva como organización e incluso sectores policiales. ¿Crees que se quedó corto el juicio en cuanto a buscar implicados en el asesinato?
Sí. La instrucción fue un disparate. El asesinato es en febrero y el juez intenta cerrarlo a finales de ese año, cuando llevaba el procedimiento diez meses. Además, intenta cerrarlo sin que las acusaciones hayan tenido ocasión siquiera de interrogar a los que habían sido detenidos como presuntos autores de los hechos. Y lo que es más grave aún: en ese primer intento de cerrar la causa, el fiscal califica los hechos de homicidio, no como asesinato. Los abogados de la familia consiguen que se reabra el procedimiento y, por lo tanto, tienen ocasión de solicitar más pruebas, interrogatorios etc. Pero todo el procedimiento está plagado de irregularidades, de cosas que no encajan.

Incluida un intento de huida por parte de Hellín cuando estaba a la espera de juicio.
Hellín intenta una rocambolesca fuga de la prisión de Alcalá de Henares a los pocos meses de haber sido ingresado. La intenta armado con una pistola. Se abrió una investigación para indagar cómo había entrado esa pistola y quién podía haberle ayudado, se llegó a procesar a una hermana de Hellín y se habló también de algunos funcionarios de la prisión que podían estar implicados en ese intento de fuga, pero, curiosidades, esa causa se pierde. Cuando reaparece, los delitos por los que podían ser procesados quienes supuestamente habían intervenido en ese intento habrían prescrito, por lo cual, se quedó sin aclarar quién había intervenido, si había funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Quedó en nada.

También desapareció material informático.
En la academia donde trabajaba Hellín había una especie de terminal que se suponía que podía estar conectada con los servicios policiales de inteligencia, que podía tener una conexión a través de la cual se transmitían órdenes. Obviamente, cuando detienen a Hellín lo que hacen es precintar esa academia, pero muchas de esas pruebas de convicción permanecen depositadas allí sin que se analice si ese aparato está conectado con alguna otra terminal, como sostenían o sospechaban las acusaciones. Cuando, al cabo de más de un año, el juez accede a que vayan unos peritos a la que había sido la sede de la academia resulta que no es que ya no esté el ordenador, es que no hay nada. Ha cambiado el negocio y todo lo que había ahí como pruebas de convicción ha desaparecido. Nunca más se supo, con lo cual tampoco se pudo indagar sobre esas conexiones que podía tener.

La instrucción deja bastante que desear.
El juez instructor, que era [Ricardo] Varón Cobos, nunca quiso procesar al que entonces era jefe de Seguridad de Fuerza Nueva [David Martínez Loza], un antiguo guardia civil, a pesar de que dos de los considerados como autores materiales del crimen lo incriminan. Tuvo que ser una instancia superior la que finalmente lo procesara. Esta persona desapareció, estuvo huido y se presentó en un momento determinado a prestar declaración, sin la presencia de las acusaciones. El juez le puso automáticamente en libertad a pesar de las incriminaciones que había por parte de quienes eran considerados autores materiales. Todo el procedimiento está plagado de irregularidades.

Un par de años después de la sentencia por asesinato a Emilio Hellín, estando ya en la prisión de Zamora, se le concede un permiso.
Sí, se le concede un permiso que aprovecha, obviamente, para fugarse. La estancia de Emilio Hellín en Paraguay transcurre sin que absolutamente nadie se percate de que está allí a pesar de que él mismo declara que su mujer y sus hijos se registraron en la embajada de España en Asunción.

Hellín dio varios bandazos pero señaló la posible implicación de un policía o su papel como agente de los servicios secretos.
Las versiones que da Emilio Hellín del suceso son contradictorias pero aportan datos con los que se pudo haber investigado la supuesta implicación de agentes de los servicios de información y de la extrema derecha en otros atentados perpetrados. Nunca se comenzó ningún tipo de averiguación de si aquello que decía era verdad o era mentira.

A pesar de que las acusaciones piden también que se condene a los militantes de Fuerza Nueva por pertenencia a una organización criminal, la sentencia no lo recoge

¿La participación de Fuerza Nueva sí se investigó convenientemente?
Claro, resulta que hay un grupo de Fuerza Nueva, todos son militantes y están implicados en el asesinato. Emilio Hellín implicó a David Martínez Loza como instigador del crimen. De hecho, Martínez Loza terminaría siendo condenado a seis años de prisión, pero no se llegó a poder acusar a Fuerza Nueva como organización de estar detrás, no ya solamente de este atentado, sino de otros posibles asesinatos. Eso nunca se probó. A pesar de que las acusaciones piden también que se les condene por pertenencia a una organización criminal, la sentencia no lo recoge y los absolvió de ello y quedaron condenados sencillamente por el asesinato y, en otros casos, por la entrada en el domicilio de Yolanda y ni siquiera por secuestro, por la detención.

Más allá del clima de violencia que clima la Transición, ¿después de tantos años hay una respuesta material o lógica a por qué se escoge a Yolanda?
Todo eso lo pueden explicar quienes lo cometieron, pero sí se puede afirmar que hay un detonante, que es el asesinato, la misma mañana en que matan a Yolanda, de seis agentes de la Guardia Civil en País Vasco por parte de ETA. Este atentado, y además así se reivindica, es una respuesta a ese otro asesinato. ¿Por qué Yolanda? Estamos hablando de principios del año 80, la Constitución se había aprobado en el año 78 y estábamos en pleno proceso de desarrollo legislativo de la Constitución. Se estaba negociando el Estatuto de los Trabajadores, toda la ley universitaria, la Ley de Centros Docentes… Y Yolanda era representante de las Enseñanzas Medias. Ella, se había significado en la escuela de Vallecas como una activista buscando que la gente se implicara en las leyes educativas. No parece, en cualquier caso, que fuese un hecho suficiente. Lo que explica Hellín es que ella formaba parte de un comando de información de ETA que trabajaba desde Madrid. Ella era vasca, sus padres eran burgaleses, su novio era navarro… pues para esta gente le debió parecer absolutamente suficiente, pero ella no tenía ningún vínculo ni ninguna relación con ETA.

¿Por qué una agrupación de un distrito se decide a llevar a cabo este asesinato a sangre fría?
Según el testimonio de Hellín es David Martínez Loza quien les dice que hay que cambiar de objetivo y el objetivo pasa a ser Yolanda. Luego las explicaciones que da son absolutamente absurdas, porque dice que el objetivo era secuestrarla, tomarle declaración y facilitar esa información a la policía. Eso es una explicación ridícula, si hay la certeza de que Yolanda era miembro de ETA la habría detenido la policía directamente y punto. Yo estoy convencido de que fueron a por ella para matarla. Pero Hellín también ha dado otras versiones, como que iban a colocar micrófonos en la casa y ella les pilló. No parece que las 11 de la noche, que se supone que la gente vuelve a su casa, sea la hora adecuada para ir a colocar micrófonos cuando sabe que el novio trabajaba como abogado en UGT y que Yolanda trabajaba por la mañana en la casa. Estoy convencido de que la intención fue siempre asesinarla y así lo hicieron. Fue un atentado que después reivindicaron con una de esas siglas que utilizaba la extrema derecha a conveniencia para reivindicar asesinatos de militantes de ETA y de gente que participaba en el movimiento abertzale, el Batallón Vasco Español, que luego serían los GAL unos años más adelante.

Después hubo una última versión en la que Emilio Hellín e Ignacio Abad la habrían dejado, viva, en el descampado, donde otras personas montadas en un Renault 5 naranja se encargaron de ella.
Es que Hellín lo que muestra durante la instrucción de la causa es que es un mentiroso compulsivo, con lo cual no se puede saber cuál de todas las versiones es la real. Lo que está claro son los hechos, y estos son que acudieron al domicilio de Yolanda, la secuestraron, la llevaron a un descampado y le pegaron dos tiros. Es cierto que sus primeras versiones son muy incriminatorias y apuntan a la implicación de más miembros de Fuerza Nueva, lo cual, de hecho, le supone que Fuerza Nueva le retire el apoyo y, por lo tanto, en el juicio le defienda un abogado de oficio. A Ignacio Abad, en cambio le defiende un destacado abogado habitual defensor miembros de la ultraderecha y que un año después defendería a algunos de los autores del intento de golpe de Estado del 23F. ¿Cuál es la versión buena del testimonio de Hellín? ¿la primera? ¿la segunda? ¿la tercera? De lo único que tenemos la certeza es de su implicación.

Muchos ultraderechistas que empezaban a ser perseguidos en España buscaban refugio en Chile y en Paraguay

¿Se podría haber llegado más lejos en la investigación de vínculos con la policía o los servicios secretos?
Yo estoy convencido de que sí, pero es cierto también que los abogados, tanto José María Benítez de Lugo, en representación de la familia, como José María Mohedano, en representación del PST, ante el cúmulo de problemas con el que se encuentran en la instrucción, llega un momento en el que decidieron no ampliarla más. Ellos mismos dicen “teníamos a los autores materiales, teníamos al menos a un primer inductor, se podría haber seguido y haber indagado más, pero el juez no hacía más que ponernos problemas, con lo que decidimos quedarnos con lo que teníamos y que al menos estas personas fueran condenadas”. ¿Quedan más elementos por aclarar del asesinato? Seguro que sí. ¿Se aclararán? Han pasado 40 años y, honestamente, es muy complicado, por no decir imposible.

A pesar de que Fuerza Nueva le dio la espalda, Hellín se fugó a Paraguay, país en el que estaba la nueva Fuerza Nueva reconstituida.
Aunque ya empezaban a caer, era la etapa de las dictaduras del Cono Sur. Estaba el Chile de [Augusto] Pinochet y el Paraguay de [Alfredo] Stroessner. Está demostrado que mucha gente de la Alemania nazi terminó buscando refugio en estos países. Muchos ultraderechistas que empezaban a ser perseguidos en España buscaban refugio. Bastaba con que uno fuese un declarado anticomunista, para ser recibido con los brazos abiertos. Emilio Hellín llega así a Asunción, donde Fuerza Nueva, que ya ha desaparecido como tal, tiene un hombre, que es Juan León Cordón, que, por orden de Blas Piñar ha abierto una delegación del partido para mantener relaciones con la dictadura de Stroessner. Ahí también fueron a parar los autores del asalto a la Facultad de Derecho, fue a parar Hellín, hemos sabido muchos años después de gente implicada en el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha han estado también rodando por estos países.

¿Cómo fue la vida de Hellín en Asunción? ¿Qué pudiste averiguar de las relaciones que estas personas de extrema derecha huidas de la justicia de España tuvieron con el régimen de Stroessner?
Parece ser que Emilio Hellín llega allí con una carta de recomendación de alguien del régimen. Eso, más el hecho de que estaba allí Juan León Cordón, les permite entrevistarse con uno de los ministros fuertes del régimen y le da el beneplácito para que se instale allí. Rápidamente establece una red de contactos en ámbitos policiales y militares, y como tiene conocimientos de informática termina creando allí también una empresa que, además, es muy próspera, porque estamos hablando de una época en el que el uso de ordenadores no estaba extendido. Se mueve con absoluta libertad y con desahogo económico. Se ha marchado a Asunción con su mujer y con sus dos hijos, allí tendrá un tercer hijo con su mujer y, aparte, una relación sentimental con otra joven con la que tiene un cuarto hijo.

No tuvo demasiados agobios, entonces.
Los dos años que van desde que huye en el 87 hasta el 89 son dos años en los que nadie le molesta, en los que nadie se explica muy bien como su presencia allí, al igual que la de otros ultraderechistas, pasara desapercibida para la embajada española donde el propio Hellín dijo que su mujer y sus hijos se habían registrado. Obviamente él se mueve en estos ambientes de gente de ultraderecha, fundamentalmente gente a la que les une su odio hacia el comunismo. Probablemente allí también, y digo probablemente porque yo no tengo las pruebas, participó en algún incidente y estuvo vinculado con personas que estuvieron a su vez implicadas en lo que se conoció como la operación Cóndor, que en toda Sudamérica se utilizó para hacer desaparecer a militantes subversivos, como les llamaban en las dictaduras. No he encontrado rastros de su implicación en alguno de estos acontecimientos.

Muchos años después, José María Irujo, de El País, descubre que Hellín lleva años trabajando para Interior como especialista en la extracción de información de teléfonos móviles, rastreo, etc

¿Qué pasa en 1989?
Hay un acontecimiento con el que no se cuenta, y es que el consuegro de Stroessner da un golpe de Estado y, por lo tanto, obliga a muchos de los ultraderechistas que están muy vinculados al director, al presidente y a un sector policial y militar que le apoyaba, entre ellos por ejemplo a Juan León Cordón, a huir para no ser detenidos. Hellín decide continuar en Asunción porque sus contactos lo permiten y porque algunos de esos contactos escalan con el nuevo régimen, pero se da la circunstancia de que alguien de la embajada lo reconoce en una entrevista que se publica en un diario uruguayo sobre una feria de informática donde, con la tranquilidad que da sentirse absolutamente impune, se deja fotografiar. Esa persona le reconoce, es amigo del periodista José Luis Morales, que viaja a Asunción y comprueba que efectivamente es Emilio Hellín. A la vuelta se publica el reportaje, se organiza un enorme escándalo y España pide la extradición. Él es detenido allí pero aún tardará más de un año en ser entregado.

¿Cómo se produce la extradición?
El nuevo régimen paraguayo está intentando lavarse la cara y está, por ejemplo, intentando que los reyes de España hagan una primera visita oficial. Se da la paradoja de que cuando Emilio Hellín monta en el avión que lo ha de trasladar a Madrid en ese mismo avión viaja un responsable del gobierno paraguayo que va a preparar la primera visita de los reyes al país.

Después volvió a España y a la cárcel. También tuvo una buena rebaja de condena.
Había sido condenado a 43 años de cárcel, cumplió 14. No se le pudo juzgar por la fuga, que le habría alargado la pena, porque en la petición de extradición no se incluyó el quebrantamiento de condena, por lo cual no le pudieron juzgar. Cumplió su pena, salió en libertad y a partir de ahí perdemos su pista hasta que muchos años después otro periodista, José María Irujo, de El País, descubre que lleva años trabajando para el Ministerio de Interior como especialista en la extracción de información de teléfonos móviles, rastreo, etc, y que incluso es un afamado perito en los tribunales. Al trascender esto, se monta el consabido escándalo, pero se solventa tras unas pocas semanas de preguntas parlamentarias que realmente terminan en nada.

¿Hasta qué punto ese conocimiento de técnicas que evidentemente en los 80 no estaban accesibles ha marcado la carrera de Emilio Hellín,?
Es verdad que Emilio Hellín ya ha cumplido su condena y pasa a ser una persona libre, pero sí llama la atención que una persona que ha estado implicada en un asesinato que tuvo tanta repercusión en la Transición termine trabajando para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se han puesto sus justificaciones de que no se sabía, pero me parece muy complicado que alguien como Emilio Hellín haya pasado desapercibido en ese sentido. ¿Por qué se le contrató? Pues yo supongo que habrá mantenido sus buenos contactos policiales, no le encuentro otra explicación.

Batallón Vasco Español, Madrid, año 1980

Se cumplen cuatro décadas del año en el que la extrema derecha asesinó más en España desde la llegada de la democracia. El asesinato de Yolanda González condensa las incógnitas en torno a la connivencia entre los ultras, la guerra sucia contra ETA y sus enlaces y superiores en los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es difícil encontrar confesiones de los líderes de la extrema derecha. El protocolo habitual es desmarcarse de los hechos, borrar las huellas, confundir los datos. La celebración de los crímenes quedan para las cenas y comidas de cofraternidad entre los militantes ultras, los que pagan, y los “soldados” de lo que consideran una guerra en la que, como buenos mercenarios, cobran recompensa por cada muerto. Las memorias de Stefano Delle Chiaie, enlace entre las operaciones Gladio y Cóndor, apenas aclaran lo que hizo o lo que supo. Fallecido hace un año, Delle Chiaie es la pieza clave en una historia de violencia que se extiende más de una década en España y que viaja a América Latina —Chile, Paraguay— cuando comienzan las investigaciones en Italia y la violencia “negra” se ciñe a la Zona Especial Norte. El excoronel de las SS Otto Skorzeny (1908-1975) simuló estar retirado en España mientras dirigía una red de neonazis que dura hasta hoy. Antonio González Pacheco no concedió entrevistas. Aconsejó encarecidamente a la viuda del mercenario Jean-Pierre Cherid —amenazó sin demasiadas parafernalias— que no acudiera a la prensa. Por los testimonios de sus comilitones sabemos que  ‘Billy el Niño’ es el hombre que estuvo allí, en la guerra sucia, en torno a la matanza de Atocha, en las cloacas. Ha muerto sin hablar. Omertá. 

Encuentros de “familia” en lugares como la pizzería L’Appuntamento. “La cita”, como en una canción de Ornella Vanoni del año 1970, en Marqués de Leganés, una calle a espaldas de la Gran Vía. Las escasas fotos de las reuniones y cenas de lo que se llamó “Internacional Fascista”, en su delegación de Madrid, reflejan un mundo a medio camino entre el hampa y el terrorismo. Provocaciones, tráfico de armas, trabajos sucios para un Estado en el que una serie de figuras destacadas seguirá considerando camaradas a los fascistas hasta, al menos, la madrugada del 23 de febrero de 1981. Trabajos para otros Estados que ven en estos grupos un resorte útil contra la disidencia. Si odia usted a los comunistas y quiere sembrar el terror en su ciudad, quizá pueda contratarles.

De Hendaya a Nebraska 

Unos pocos cientos de metros más allá del L’Appuntamento, en la cafetería Nebraska, punto de encuentro de periodistas de la Cadena Ser, Emilio Hellín Moro deja un comunicado reivindicando el asesinato de Yolanda González. Es el 2 de febrero de 1980. Hellín indica el punto kilométrico de la carretera comarcal de Alcorcón en la que abandonaron el cadáver, tres disparos, dos en la cabeza. Lo hace por orden de David Martínez Loza, quien introduce en la ecuación al Batallón Vasco Español. Esa organización reconoce la muerte y la vincula con el atentado de Ispaster. El 1 de febrero de 1980, ETA emboscó y ametralló dos coches de la Guardia Civil cerca de esa localidad vizcaína. Seis agentes mueren, también dos etarras, en uno de los atentados más sangrientos del año 1980, año en el que la organización del hacha y la serpiente comete 93 asesinatos, la cifra anual más alta de toda su historia.

“¡Venganza!”, se grita en los cuarteles. La extrema derecha comete también el número más alto de atentados desde los años de la represión Franquista. 27 asesinatos. Fuerza Nueva, los Guerrilleros de Cristo Rey, Falange…, están desatados.

En 1976 ha tenido lugar el primer ajuste de cuentas por el asesinato en 1973 del almirante y presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, organizador y padre espiritual de los servicios secretos españoles. Eduardo Moreno, ‘Pertur’, es secuestrado, torturado y asesinado. Delle Chiaie reconocerá, muchos años después, “estar al tanto” de la operación. El cadáver del etarra perturbador nunca ha aparecido. Dos años después, el ‘flaco’, José Miguel Beñarán ‘Argala’, es asesinado en Francia mediante la colocación de una trampa-bomba en su coche.

En 2003, un oficial de marina retirado explicó en El Mundo detalles del caso Argala. “Tres marinos, un militar del Ejército del Aire, un paisano, un oficial de la Guardia Civil y dos caquis (del Ejército de Tierra). Esa era la estructura fundamental del grupo. Recuerdo que, de los tres marinos, uno era del SECED, otro en el Servicio de Inteligencia Naval y el último en el Alto Estado Mayor”. Los militares consideran “braseros” a los mercenarios. Los encargados de hacer tareas secundarias, al menos en ese caso. Los militares quieren ser quienes prendan la mecha que hace volar a Argala.

Organiza el atentado Juan Manuel Rivera Urruti, alias Pedro ‘el Marino’, alias ‘Pedro Martínez’, alias ‘Rivera’, capitán de navío de la armada y personaje clave de la inteligencia dentro del Servicio Central de Documentación (SECED). Se le atribuye, él lo negó, la puesta en marcha de la Guerra Sucia en su primera etapa.

Las siglas son casi juegos o bromas macabras. Se usan a conveniencia ─Antiterrorismo ETA (ATE), Delta Sur, Acción Nacional Española─. Pero las de Batallón Vasco Español (BVE) se consolidan. Son las que más le gustan a Jean-Pierre Cherid, el mercenario más célebre de la guerra sucia. Muchos años después, su expareja, Teresa Rilo, en un libro importante escrito mano a mano con la periodista Ana María Pascual —Cherid. Un sicario en las cloacas del Estado—, evoca las palabras del mercenario. El Cherid de los últimos años es un hombre enfadado. Antes, bajo el mando de Antonio González Pacheco, le explica a su mujer, todo era mucho más sencillo pero la política lo está complicando todo. “Para empezar, nunca debieron cambiar el nombre. Batallón Vasco Español era un nombre con carácter, que hablaba por sí mismo. Pero Grupos Antiterrroristas de Liberación, los GAL, es un nombre estúpido. ¿Y todos esos jefecillos que salen de debajo de las piedras? Capullos inútiles. Todos quieren ponerse medallas y ganar dinero”, lamenta Cherid.

Algo está cambiando en la guerra sucia. En 1982, dos años después de la muerte de Yolanda González, se ordena la disolución del Batallón Vasco Español. Se encadenan dos hechos. En noviembre de 1980, atentan en un bar en Hendaya (Francia). Matan a dos personas y hieren a otras diez. La policía francesa, que detiene a los mercenarios en suelo español, reclama su extradición. Los miembros del BVE declaran a la Guardia Civil que trabajan para Antonio González Pacheco. El comisario Manuel Ballesteros ordena que bajo ningún concepto sean entregados a la policía francesa. Los asesinos del bar Hendayais son libres un día después del atentado. Pero el escándalo diplomático es mayúsculo. El BVE comienza a ser un estorbo. En junio de 1981 se anuncia que González Pacheco es separado de la lucha antiterrorista.

Otro gallo empieza a despuntar en el mismo corral. Camisa blanca y pasador alto. Una mirada copiada de Charles Bronson, el protagonista de Yo soy la justicia. Fama de ligón y conocimiento de la noche bilbaína. José Amedo Fouce, fumador de Winston, el mercenario-policía que dará el relevo a Cherid al frente del grupo de soldados de la guerra sucia. “Ha explotado. Jean-Pierre ha explotado en mil pedazos”, escucha Teresa Rilo el 19 de marzo de 1984. Una etapa se cierra. La responsabilidad del Franquismo en la guerra sucia contra ETA pasa a a ser la responsabilidad del Estado democrático. Ta-ta-ta.

Madrid, año 80

Ignacio Abad Valavázquez, coautor del asesinato de Yolanda González, nunca había oído hablar del Batallón Vasco Español hasta después del 1 de febrero. Abad pregunta quién es esa organización que ha reivindicado una acción en la que no estaba metida.

Emilio Hellín Moro, el ingeniero e informático declarado culpable de la muerte de Yolanda González, no es de fiar. La frialdad que se le achaca a Hellín contrasta con la presumible debilidad de su acompañante, Ignacio Abad, durante el asesinato de la joven estudiante vasca aquella noche del 1 de febrero de 1980. Abad era maleable, según las declaraciones de la época.

Durante el proceso, él mismo reconoció que la influencia de Hellín le había llevado a denunciar que habían sido otros, un militante de Fuerza Nueva y un policía llamado Antonio, quienes cometieron el asesinato. De entre todas las versiones de los hechos esa es la más rocambolesca. Hellín y Abad trasladaron a Yolanda González hasta el punto kilométrico convenido, a las afueras de Getafe. Un Renault 5 naranja habría llegado hasta allí. Sus ocupantes, “Antonio”, un policía que nunca fue identificado, y “el chino”, un militante talaverano de Fuerza Nueva. Hellín y Abad nunca dispararon el gatillo. Según una versión que no se sostuvo durante el juicio.

La familia, los militantes del PST, abogan por asegurar las condenas de los cinco implicados. Al fin y al cabo, Hellín es un mentiroso, roza la psicopatía, comenta uno de los abogados.

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Abad volvió al carril. Lo defendió un abogado de la causa fascista que intentó demostrar que cuando disparó, Yolanda González no vivía. Hellín siguió acumulando versiones, demostrando su capacidad de improvisación y cierto olfato político. Defiende que la información de que Yolanda González era “enlace de ETA” le llegó por un miembro de la Brigada Especial Operativa, en la que prestó servicios especiales el inspector González Pacheco. Las amenazas de Hellín a Fuerza Nueva, otro de sus hilos argumentales, no impidieron que, cuando huyó, el partido le facilitara las cosas en el Paraguay de Alfredo Stroessner. Las mentiras no le sirvieron de mucho, pero tampoco le perjudicaron excesivamente.

El hecho es que sus acusaciones, que apuntaban a varios frentes, se perdieron como un dibujo en la arena de la playa. 40 años después, es casi imposible que alguien identifique los trazos que dejó. Están contaminados por el testimonio de un mentiroso patológico. Selladas por la suma de secreto y tiempo, seguramente para siempre.

Carlos Fonseca: “Es complicado, por no decir imposible, que se aclaren todos los elementos del asesinato de Yolanda”

Ter García , Pablo Elorduy

El Batallón Vasco Español solo reivindicará una acción más en Madrid. Tras el asesinato de una militante estudiantil tiene lugar el de un sindicalista y líder vecinal. Es el asesinato, tras la manifestación del Primero de Mayo, del militante vecinal Arturo Pajuelo, de 33 años, y el apuñalamiento de dos compañeros que salvan la vida de milagro. Como en el caso de Yolanda González, el Batallón Vasco Español se atribuye el asesinato con una llamada telefónica, en esta ocasión al periódico vasco Egin. Los médicos del Hospital 12 de octubre dejan claro que el atentado contra Pajuelo no se trata de una puñalada trapera: “Los agresores eran profesionales. Atacaron por delante, a los pulmones y al hígado con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual”. La izquierda ve la responsabilidad de Fuerza Nueva y pide su ilegalización. El presunto asesino de Pajuelo, Daniel Fernández de Landa Roca, ligado a Falange española, huyó. Hasta hoy.

Fuerza Nueva, a la que pertenecían cinco de los seis culpables del asesinato de Yolanda González, tenía antecedentes de sobra como para haber dirigido la operación en solitario. Era, por aquel entonces, la única organización ultra con representación parlamentaria

De nuevo, las dos organizaciones quedaban señaladas por hechos que tenían lugar en un plazo corto, de apenas cuatro meses. Fuerza Nueva, a la que pertenecían cinco de los seis culpables de los distintos delitos cometidos en el asesinato de Yolanda González, tenía antecedentes de sobra como para haber dirigido la operación en solitario. Sin embargo, un asesinato a sangre fría como el de Yolanda González no encajaba en su repertorio criminal, violento y áspero pero, hasta entonces, también tumultuario y poco sutil. Fuerza Nueva era, por aquel entonces, la única organización ultra con representación parlamentaria. si bien sus prestaciones electorales eran bajas en comparación con la de Alianza Popular, la formación más votada dentro de la clase política que no renunció abierta o tácitamente a seguir defendiendo el franquismo.

Solo uno de los condenados en el caso de la estudiante vasca, el guardia civil retirado David Martínez Loza, pertenecía a la plana mayor del partido, era su jefe de seguridad. Años más tarde, Blas Piñar recordaría como un subalterno a David Martínez Loza. No “su mano derecha”, como mucho “su dedo meñique”, diría Piñar. El resto eran, aparentemente, militantes de base en la agrupación de Arganzuela. “Drugos” en la jerga lisérgica de La Naranja Mecánica. La película de Stanley Kubrick fue estrenada en Madrid en 1975. Aquellos jóvenes fascistas se aplicaban como servicios de seguridad en los mítines de los jefes, alguna pelea de bar, quemar kioscos, buscar broncas. Pero en los casos de González y Pajuelo se aprecia la mano fría de profesionales de la violencia.

50 kilos de goma 2, dos granadas de mano, detonadores, scanner VHF y un receptor de las emisoras policiales y de la Guardia Civil. Pistolas y un subfusil. El arsenal recopilado por la policía en el sótano de la calle Libertad, 22, en el coche de Hellín y en su academia de la calle San Roque, no se corresponde con el de un profesor que se vinculó oficialmente a la extrema derecha solo un año antes del asesinato de Yolanda González. Tampoco con el de un simple militante de la brigada de la porra.

En junio de 2020, el periodista de El Confidencial Julio Martín Alarcón publicó una pieza con recuerdos de una conversación con el líder ultra en la que Piñar defendía que desde su organización no se dio la orden del asesinato de Yolanda González. Lo más interesante de la conversación con ese periodista es que Piñar identificó a Hellín como un infiltrado. No se especifica si infiltrado de un cuerpo policial —Juan José Hellín, el hermano de Emilio que estuvo presente en la reunión previa al asesinato de Yolanda González, era guardia civil—, de los servicios secretos o del ejército. Piñar explicó que Emilio Hellín “guardaba una cantidad enorme de armamento y explosivos que procedían de fuentes oficiales, concretamente, en algunos casos, del propio ejército”. El líder ultra justificó que a Yolanda González se le asesinó por ser “una confidente de ETA”, y que así se lo había dicho el juez que, como principal argumento dijo que “llevaba el escudo separatista vasco”.

Entre los condenados había un policía. Juan Carlos Rodas vigiló, con los otros dos “drugos” de Fuerza Nueva, el piso de la calle Tembleque donde secuestraron a Yolanda González. Rodas confesó y su testimonio fue clave para resolver todo lo que se pudo resolver del caso. Oficialmente es el único nexo de las fuerzas de seguridad con el asesinato.

A Flourish chart

El contexto político

El 23 de febrero de 1981, el diputado del PCE Simón Sánchez Montero tenía previsto realizar una pregunta oral en el Congreso de los Diputados. Sánchez Montero, que pasó 14 años en las cárceles franquistas, que conoció las torturas de sus servicios de información, la violencia del comisario Conesa, el mentor de González Pacheco, iba a preguntar el día del golpe de Estado por las circunstancias de la primera fuga del asesino de Yolanda González. Era la tercera pregunta del Partido Comunista de España por el caso. La segunda, en marzo de 1980, fue esta: “De acuerdo con las informaciones de las que dispone el Gobierno, ¿ha pertenecido o pertenece Emilio Hellín Moro a algún servicio de información o de seguridad dependiente del Estado?”.

A través del diputado Juan Barranco, el PSOE llevó a cabo otra ronda de preguntas sobre los asesinatos. “¿Cómo obtuvieron [los asesinos] las armas y los aparatos electrónicos que obraban en su poder y que no son de acceso normal en el mercado?”. “¿Qué información posee el Gobierno sobre el denominado “Batallón Vasco Español?”. Las actas de la comisión en la que el ministro Antonio Ibáñez Freire y su sucesor en Interior, Juan José Rosón, contestaron a las preguntas no se encuentran en el archivo digital del Congreso.

Aquellas preguntas sin respuestas hoy son apenas ecos de un periodo en el que la violencia política había alcanzado su cénit. El 24 de enero de 1977, la matanza de cinco personas en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, había sacado a la calle a medio millón de personas. La izquierda política y social discutía si la política de reconciliación democrática era asumible en el contexto de ultraviolencia impuesto por la extrema-derecha y de impunidad garantizada por policía y jurídica.

Cuatro meses para evitar que Carlos García Juliá, coautor de la matanza de Atocha, salga de prisión

Ter García

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Francisco Gor, que a la sazón era periodista de tribunales y que, con el tiempo, destacaría como editorialista en El País, estaba trabajando en la preparación del juicio del caso Atocha cuando trascendió el asesinato de la joven estudiante vasca. Gor trata de contextualizar: “En el 80, a la vez que algunos grupos del régimen más o menos amparados por elementos de la policía asesinan, ETA asesina a mansalva”. La tensión funciona en dos direcciones, considera Gor. La situación no es nada fácil para las fuerzas democráticas, incluso para el PCE, porque por una parte hay elementos del régimen que anidan en la Policía y el Ejército, todavía franquista, porque no ha habido reforma alguna, y por otra ETA está atacando a la democracia española”.

Para el historiador Pablo Alcántara, los hechos revelan que los relatos hegemónicos que venden la idea de una Transición pacífica, en la que la violencia política es monopolizada por ETA, van en contra de los datos y los hechos. La “extrema derecha, junto con el apoyo de policías, siguió actuando con total impunidad, pegando palizas, amedrentando a militantes de izquierdas e incluso asesinado a algunos de ellos”. Alcántara cree erróneo hablar de infiltración de derechistas en cuerpos policiales y señala que más bien se trata de una “total connivencia”.

La investigadora Sophie Baby considera que, salvo en País Vasco, donde se focalizará la Guerra Sucia, la violencia que acabó en las calles de Madrid con la vida de Arturo Pajuelo, de Yolanda González, de Vicente Cuervo, de Jorge Caballero, de Juan Carlos García en 1980 es un tétrico canto del cisne. Un intento de impulsar una acción fuerte en el 80 aprovechando la crisis global que fracasará y dará paso a una nueva fase, el 23 de febrero de 1981. Los esfuerzos de la cloaca del Estado se centrarán en la “Zona Especial Norte”, según el plan definido en 1983 en la Dirección de la Seguridad del Estado.

La autora de El mito de la transición pacífica: Violencia y política en España (1975-1982), Sophie Baby, considera que hay un déficit que solo en los últimos años se está cubriendo, a la hora de conocer los vínculos entre las redes fascistas internacionales, los distintos Estados anticomunistas y sus cuerpos policiales. El trabajo de autores como Mariano Sánchez Soler o los recientes estudios de Eduardo González Calleja, además de un libro importante para conocer el terrorismo de Estado como es Amedo: el Estado contra ETA, de Melchor Miralles y Ricardo Arqués, ha puesto varios escalones para conocer ese triángulo de intereses.

Baby ve claro que hay una influencia “teórica y práctica” entre las redes de extrema derecha, “lo que hace falta conocer con precisión son las conexiones prácticas, la ayuda en términos de materiales, de armas, de transporte, de organización de los atentados”. Las memorias de los dirigentes de esas redes no han aportado más que confusión y brumas a una historia que, 40 años después, no ha tenido su punto final.