Hace 41 años un grupo de fascistas, asesinaron a Yolanda González, dirigente estudiantil y militante trotskista, su delito defender a los estudiantes.
Transición,
Esta joven como Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera y unos cuantos de cientos más, fueron asesinados, en esa mal llamada modélica transición, les quitaron la vida, les robaron las ilusiones, que nos recuerdan aquellos tiempos por los que todos estos jóvenes pelearon para que quedara más allá de un mundo mejor, los mismos que hoy se sientan en el parlamento con discursos xenófobos, antifeministas, que de nuevo nos quieren llevar a las catacumbas y no se lo podemos permitir por eso no queremos, ni debemos,dejar en el olvido a todos ellos, hoy especialmente de Yolanda Gónzalez.esta asamblea puso en homenaje a ella acudir.
El día 2 de febrero vamos a ir a la placa que el pasado año, la Asamblea de Leganés por la República colocó en su honor,al lado del monumento a los abogados asesinados en la calle Atocha; en la hoy Avenida Juan Carlos I, que esperemos pronto sea la de la Avenida de la Sanidad Pública, llévala durante todo el día, os invitamos a llevar una flor que de frescura y olor a nuestra memoria colectiva
NO vamos a olvidar a Yolanda ni a ninguno de los tantos asesinados durante la transición, vidas de jóvenes que se vieron truncadas.
José Tarazona tiene 85 años, dos hijas y cinco nietos. Y guarda, en su casa de Torrent, en Valencia, un sinfín de cartas y recortes de periódico. Todos ellos, relativos a la Guerra de Ifni y el Sáhara: una contienda militar ocurrida entre 1957 y 1958, y a la que el franquismo mandó más de 14.000 soldados. La mayoría de ellos, algo más de la mitad, ni siquiera eran reclutas profesionales, sino que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Tarazona se encontraba entre estos últimos y pasó allí medio año. “En todas las comidas había que retirar diez o doce moscas del plato. Quitábamos la arena del aeropuerto, para que pudieran aterrizar los aviones. Llevábamos alimentos a los del frente y llegamos a pasar más de diez días sin agua. Aunque yo no di tiros, que esos los daban los legionarios y los de aviación”, cuenta por teléfono. Desde finales de 2007, la Ley de Carrera Militar promete un reconocimiento, también económico, a quienes participaron en aquella guerra. Pero lo último que los veteranos saben de él, según un proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de Defensa, es que la ayuda apenas rondará los 1.000 euros.
La contienda empezó cuando grupos marroquíes trataron de recuperar algunas de las colonias españolas al norte de África, como lo eran Ifni y parte del Sáhara. Entre las tropas que allí mandó Franco, como respuesta, hubo 300 muertos y 50 desaparecidos. Tras más de medio año de combates, España firmó la paz con Marruecos y solo mantuvo, de todo el territorio que había llegado a ocupar, una ciudad: la capital, Sidi Ifni. “Aquella guerra se ocultó, imagino que por una cuestión de orgullo militar. La prensa no lo contó, ni siquiera en su día. Por ello, pasaron décadas hasta que se empezaron a crear asociaciones”, comenta el historiador Gustavo Ordoño. Conoce bien el caso, ya que es el autor del libro La guerra de Ifni (Almuzara, 2018). Según documenta, las asociaciones de veteranos de esta guerra empezaron a formarse a finales de los 80 y a principios de los 90. Una buena parte de los datos históricos expuestos aquí sobre la contienda procede de su trabajo.
La primera organización que planteó una reparación económica para estos veteranos nació en Barcelona en 1999. Se llamaba ACET-4: Asociación de la Compañía Expedicionaria de Transmisiones 4. Con todo, los antiguos reclutas no empezarían a reunirse con los partidos políticos hasta 2005. Zapatero llevaba un año gobernando y, de cuando en cuando, en los diarios aparecía alguna mención a la ley de memoria histórica, que aún estaba en ciernes. “Quizá esa era la norma que les tendría que haber dado ese encaje, y no la de carrera militar”, cuenta Ordoño. Los soldados no profesionales de Ifni y el Sáhara fueron los únicos, confirma el historiador, a quienes España ha mandado a una guerra durante el servicio militar obligatorio. De ahí su singularidad.
“Timbramos a todos los grupos parlamentarios, pero el único que nos respondió fue Convergència i Unió. Sobre todo, el diputado Josep Maldonado”, recuerda Juan Vives, secretario de ACET-4. Ya en febrero de 2006, Maldonado logró sacar adelante una proposición no de ley, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que planteaba “que se honre y premie a aquellos soldados […] de forma justa, una reparación moral y económica”. Cuando se aprobó la Ley de Carrera Militar, un año y medio más tarde, las disposiciones finales del texto retomaron las aspiraciones recogidas en aquella otra propuesta. Así, la norma acabó prometiendo que el Gobierno “elaborará un listado de participantes en la contienda para estudiar […] ayudas nominales”. La ley fue aprobada con los votos de PSOE, CiU y UPyD en el pleno del Parlamento.
Pero las ayudas, 13 años después, no se han hecho efectivas. Y las cartas que guarda Tarazona son en realidad fotocopias. Las originales están escritas a mano, con un bolígrafo. Han viajado desde su pueblo, una por una, hasta portavoces políticos de todos los colores. Y de todos los cargos: las han recibido desde Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa durante el gobierno de Mariano Rajoy, hasta Pablo Iglesias, cuando aún estaba en la oposición. Dos de ellas se dirigen también al periodista Antonio García Ferreras. En ellas, desde hará cerca de diez años, Tarazona solo pide una cosa: que las indemnizaciones prometidas en la ley de 2007 lleguen a sus destinatarios. La organización a la que pertenece, la Asociación del Batallón Expedicionario Guadalajara 20, nació al poco de aprobarse el texto y para asegurar que las ayudas encontraban a sus legítimos dueños. Aunque los Presupuestos Generales del Estado llegaron a plantear una partida de un millón de euros a este respecto, esta nunca se ejecutó.
La ley creció durante los últimos meses de mandato de José Antonio Alonso, el entonces titular de Defensa. En 2008, fue sucedido por Carme Chacón, que quizá asistió a los años más beligerantes por parte de las asociaciones. A finales de 2009, algunos veteranos llegaron a concentrarse frente al Congreso. La ministra también recibió cerca de ocho peticiones por escrito, firmadas por varias entidades, en las que le preguntaban por qué los listados y las ayudas no tomaban forma. “Una ley del todo incumplida”, rezaba una de las reclamaciones. Inmaculada Bañuls, diputada del PP en la Comisión de Defensa parlamentaria, pidió: “Deben ser enmendados inmediatamente”. Tanto en escritos intercambiados entre unos y otros, como en los turnos de palabra realizados en las Cortes, se reiteraba una idea: los veteranos están envejeciendo y nadie les ha compensado. En 2011, Maldonado intervino de nuevo, esta vez en el Senado, y sentenció: “No es justo lo que se ha hecho con estas personas por parte del Gobierno […] Están muriendo mientras ven cómo el Estado español, que los mandó a una guerra, no les paga lo que les debe”.
¿Por qué tantos años para elaborar unos listados? Durante el mandato de Chacón, el Gobierno llegó a reconocer, en el Parlamento, que se veía incapaz de recopilar la documentación necesaria para saber a quién debía dirigir las ayudas prometidas. Finalmente, le encargó a una empresa privada recabar los datos, en cajas de cartón y sin ningún tipo de clasificación, en el Archivo Militar de Ávila. “Los ficheros históricos estaban desordenados. Recuerdo que había kilómetros lineales de cajas y cajas con documentos. No sabíamos si había listas o si no las había”, recuerda Victoria San José. Ella fue la subsecretaria de Defensa junto a Alonso y Chacón, y quien dio la cara en la Comisión de Defensa, por parte del Gobierno, frente a quienes preguntaban por todo ello.
Nada cambió cuando pasó a gobernar el Partido Popular, a pesar de que este había reclamado las ayudas, de forma reiterada y desde la oposición, en aquella misma Comisión de Defensa. Así que los veteranos acudieron hasta el tribunal de Estrasburgo. Llegaron a contar con la ayuda del doctor en Historia Juan Pando, que cifró en 36.000 euros lo que, tras consultar varias leyes, el Estado debía a cada uno de los combatientes. “Estos veteranos eran pocos, muy mayores y carecían de ningún lobby político, o profesional, que les llevara esto. Estaba yo solo, y lo movía como podía a través del trato personal con otras autoridades. Pero no había presión social. Para el poder, solo eran unos cuantos viejos a punto de morir. Nada más”, cuenta Maldonado. Él ya ha dejado la política.
En 2018, tras una década de trabajo, la organización a la que pertenecía Tarazona celebró una comida de despedida entre los veteranos y se disolvió. “Decidimos acabar con aquello cuando, a una reunión, apenas acudimos dos personas. De los centenares que llegamos a ser cuando la fundamos, habían muerto más de la mitad. Otros estaban en sillas de ruedas o en alguna residencia”, apunta el veterano. Él se encuentra bien de salud. Por las mañanas, se encarga de toda suerte de recados. Al llegar la tarde, cuida de su mujer y juega con ella a las cartas. La cena la hace él.
Sus cartas están escritas con todos los honores, y en los encabezados se cuela algún “muy señor mío”. A Iglesias le reprocha, en concreto, que ni siquiera le responda, y le pregunta si acaso esta causa le resulta poco mediática. En la esquina de las hojas fotocopiadas se reiteran unas palabras escritas en diagonal, que tachan parte del texto: sin respuesta. Las excepciones son pocas, y entre ellas se cuelan las que Tarazona dirigió al Defensor del Pueblo. Según los últimos datos que aporta esta institución, el Gobierno prevé reconocer, de acuerdo con la ley de 2007, a 1.051 veteranos. En el decreto que prepara Defensa, y que todavía está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, aparecen ya hasta los formularios con los que los veteranos podrán solicitar las ayudas. Ahora, hay algo en lo que coinciden el historiador Ordoño, el doctor Pando y los veteranos Vives y Tarazona: tras unos 13 años de periplo, y más de seis décadas tras la guerra, mil euros de indemnización son muy pocos. También Maldonado, que ya ha dejado la política, entiende que las ayudas, tal y como están planteadas, “resultan una miseria”. “La actual ministra las ha concedido de forma simbólica y por cumplir la ley. Ella viene de la jurisprudencia, al fin y al cabo”, apunta. Se refiere a Margarita Robles, la actual titular de Defensa. En respuesta a las preguntas de esta publicación, su ministerio no valora si la cantidad es grande o pequeña. Los 1.000 euros por cabeza resultan, argumentan, de dividir la partida prevista entre los combatientes apuntados.
Hay un partido al que Tarazona no escribirá nunca una carta para pedir ayuda: Vox. “Déjalos, que se coman la amargura”, cuenta. En cambio, en las tres misivas que este veterano lleva ya escritas a Robles, el antiguo combatiente se despide con una especial humildad: “No tomen en consideración mis errores de todas clases, pues hace 71 años que dejé de ir a la escuela”. Al acabar la guerra de Ifni y el Sáhara, este valenciano se dedicó a lo mismo que había hecho antes de la mili: a la construcción. Algún verano, José marchaba a Francia y trabajaba en un hotel. Como albañil, preparaba molduras y vallas. De la mili recuerda no solo la guerra “y los piojos y las pulgas” que conoció en África. Su batallón estuvo allí seis meses, entre enero y junio de 1958. Un año antes, y también en pleno servicio militar, le había tocado ayudar a reparar Valencia. En 1957, la ciudad se vio arrasada por una riada. Tarazona guarda las fotografías y los retales de todo aquello en una pequeña caja.
Un 22 de enero de 1921 en España, el gobierno establece el «seguro obrero obligatorio» para todos los trabajadores. Sentó las bases del sistema público de pensiones en España y se aprobó para frenar las revueltas sociales del llamado ‘trienio bolchevique’.
Inauguramos con este sencillo artículo la sección Efemérides
El 23 de enero de 1641 Luis XIII de Francia es proclamado conde de Barcelona por el Consejo de Ciento en protección ante Castilla por la Guerra de los Segadores.
Pau Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña impulsó la decisión de poner el territorio catalán bajo la protección y soberanía francesa. Pero la revuelta también escapó a este primer y efímero control de la oligarquía catalana. La sublevación derivó en una revuelta de empobrecidos campesinos contra la nobleza y los ricos de las ciudades que también fueron atacados. La oligarquía catalana se encontró en medio de una auténtica revolución social entre la autoridad del rey y el radicalismo de sus súbditos más pobres.
Conscientes de su incapacidad de reducir la revuelta, los gobernantes catalanes se aliaron con el enemigo de Felipe IV: Luis XIII (pacto de Ceret). Richelieu no perdió una oportunidad tan buena para debilitar a la corona española. Olivares comienza a preparar un ejército para recuperar Cataluña con grandes dificultades ese mismo año de 1640 y, en septiembre, la Diputación catalana pide a Francia apoyo armamentístico.
En octubre de 1640 se permitió a los navíos franceses usar los puertos catalanes y Cataluña accedió a pagar un ejército francés inicial de tres mil hombres que Francia enviaría al condado. En noviembre, un ejército de unos veinte mil soldados recuperó Tortosa para Felipe IV, en su camino hacia Barcelona; dicho ejército provocó sobre los prisioneros unos abusos que determinaron a los catalanes a oponer una mayor resistencia. Cuando el ejército del marqués de los Vélez se acercaba a Barcelona, estalló una revuelta popular el 24 de diciembre, con una intensidad superior a la del Corpus, por lo que Claris tuvo que decidirse por una salida sin retorno, que tampoco era la deseable: pactar la alianza con Francia en contra de Felipe IV.
El 16 de enero de 1641, la Junta de Brazos (Las Cortes sin el rey) aceptaron la propuesta de Claris de poner a Cataluña bajo protección del rey de Francia en un gobierno republicano, y el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente. Pero en esta situación, la república catalana fue tan solo una solución transitoria para forzar un acuerdo con el gobierno de Madrid ante la amenaza de intervención francesa. Sin embargo, el enviado plenipotenciario del rey de Francia Bernard Du Plessis-Besançon logró influir en las autoridades catalanas en el sentido de que la implicación e intervención francesa solo podía realizarse si era reconocido como soberano el rey francés. Así pues, el 23 de enero Pau Claris transmitió esta proposición a la Junta de Brazos, que fue aceptada, el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente, y el rey de Francia Luis XIII pasó a ser el nuevo conde de Barcelona. Tanto la Junta de Brazos como el Consejo de Ciento acordaron establecer una Junta de Guerra, que no fuera responsable ante ambos organismos y presidida por el conseller en cap Joan Pere Fontanella.212223 Días después, el 26 de enero, un ejército franco-catalán defendió Barcelona con éxito. El ejército de Felipe IV se retiró y no volvería hasta diez años más tarde. Poco tiempo después de esta defensa victoriosa moriría Pau Claris.
Cataluña se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre Francia y España e, irónicamente, los catalanes padecieron la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar: sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente su administración a un poder extranjero, en este caso el francés. La política francesa respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar y el propósito de atacar Aragón y Valencia.
Tratado de los Pirineos.
Luis XIII nombró entonces un virrey francés y llenó la administración catalana de conocidos profranceses. El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor, y mostrándose cada vez más como un ejército de ocupación. Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales, favorecidos aquellos por el gobierno francés, que convirtió a Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas y enfermedades llevó a un descontento que iría a más en la población, consciente de que su situación había empeorado con Luis XIII respecto a la que soportaban con Felipe IV.
En 1643, el ejército francés de Luis XIII conquista el Rosellón, Monzón (en Aragón) y Lérida. Un año después Felipe IV recupera Monzón y Lérida, donde el rey juró obediencia a las leyes catalanas. En 1648, con el Tratado de Westfalia y la retirada de la guerra de sus aliados, los Países Bajos, Francia comienza a perder interés por Cataluña. Conocedor del descontento de la población catalana por la ocupación francesa, Felipe IV considera que es el momento de atacar y en 1651 un ejército dirigido por Juan José de Austria comienza un asedio a Barcelona. El ejército francocatalán de Barcelona se rinde en 1652 y se reconoce a Felipe IV como soberano y a Juan José de Austria como virrey en Cataluña, si bien Francia conserva el control del Rosellón. Felipe IV por su parte firmó obediencia a las leyes catalanas. Esto da paso a la firma del Tratado de los Pirineos en 1659.
Esta inestabilidad interna y su resultado final fue dañino para España, pero mucho más para Cataluña. Por otra parte, Francia aprovechó la oportunidad para explotar una situación que le rindió grandes beneficios a un coste prácticamente nulo.
Como resultado final, Francia tomó posesión definitiva del principal territorio transpirenaico de España.
El 22 de enero de 1905greg., día conocido como «Domingo Sangriento», hubo una marcha pacífica de protesta de obreros en San Petersburgo. El objetivo de la marcha era entregar al zar una petición de mejoras laborales, y la formaban familias trabajadoras enteras. Iba encabezada por un sacerdote, el clérigo Georgi Gapón y no respondía a ninguna consigna política: era fundamentalmente obrera y campesina, al punto que numerosos obreros avanzaban llevando íconos religiosos y cruces.
Las tropas imperiales cargaron de forma brutal contra los manifestantes, donde se encontraban mujeres y niños. Causando numerosas bajas entre la población civil desarmada.
Lénin fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Ya en el poder, Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transferencia al Estado o a los trabajadores soviéticos del control de propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o terratenientes. Frente a la amenaza de una invasión por parte del Imperio alemán, firmó un tratado de paz que llevó a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En 1921, el gobierno de Lenin instauró la Nueva Política Económica, que combinaba elementos socialistas y capitalistas y que inició el proceso de industrialización y recuperación del país tras la guerra civil rusa, un duro conflicto que incluyó la participación de diez naciones extranjeras contra el nuevo Estado soviético.
