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Fabián Salvioli, relator especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición de la ONU, en una charla virtual organizada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la revista ‘CTXT’, ha pedido a España que «no ponga más excusas» y actué para acabar con la impunidad del franquismo.

Fabián Salvioli, actual relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición habló bien claro en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2018. Allí señaló, de manera meridiana, que España está obligada, por el derecho internacional y por los convenios internacionales suscritos, a acabar con la impunidad del franquismo. «España tiene que derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables franquistas», dijo en sede parlamentaria en aquel ya lejano mes de septiembre de 2018. Hoy, casi dos años después, Salvioli ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto con la misma contundencia y ha instado de nuevo a España a derogar la Ley de Amnistía y a juzgar los crímenes del franquismo o, en su defecto, aceptar la extradición de los responsables de la dictadura franquista que son reclamados por Argentina, en la conocida como querella argentina, única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo. 

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El Ayuntamiento zaragozano, gobernado por PP y Cs, rectifica ante el riesgo de perder más de dos millones de ayudas del Gobierno autonómico e inicia los trámites para anular el polémico acuerdo de pleno por el que condecoró al dictador.

El dictador Francisco Franco perderá la medalla de oro de Calatayud siete décadas después de haberla recibido y siete lustros después de haber muerto: la comisión de Cultura del ayuntamiento debatirá este martes, día 14, una propuesta del equipo de gobierno de PP y Cs para «dejar sin efecto [la] concesión [de la] medalla [de] oro a Francisco Franco», una resolución que deberá ratificar el pleno del día 20.

La decisión supone un cambio de postura total de los conservadores, que, ya fuera con el apoyo del PAR o de Ciudadanos, o de ambos, llevaba desde 2003 tumbando las inciativas del PSOE para retirar a Franco esa condecoración, concedida en 1951.

La propuesta de resolución que tratará la comisión plantea «iniciar las actuaciones administrativas oportunas para revocar, y dejar sin efecto, el acuerdo plenario» del 26 de diciembre de 1951, por el que se «concede la Medalla de la Ciudad en su categoría de oro al Excmo. Señor Don Francisco Franco Bahamonde» para, «una vez adoptado el acuerdo de revocación», hacerlo «constar en el Libro Registro de Honores y Distinciones».

«De lo que se trata, es de dejar constancia de la pérdida del reconocimiento de los méritos, virtudes, cualidades morales, etc., que motivaron la concesión de la distinción», añade el documento.

El actual alcalde, Juan Manuel Aranda, venía defendiendo que la medalla no estaba vigente porque esta tenía carácter vitalicio y no es hereditaria, lo que suponía que la condecoración desaparece con la muerte del condecorado.

Dos millones anuales en ayudas en juego
«Aquello se dio en una época, en unas condiciones y en un contexto de los que todos renegamos, yo reniego y renuncio de aquello; pero no sabemos qué es lo que tenemos que retirar. ¿Cómo vamos a quitar algo que no existe?», dijo Aranda a Público hace unas semanas, unos días después de que el Gobierno de Aragón conminara por segunda vez en unos meses al consistorio a revocar el acuerdo, algo que, de no producirse, le expone a perder las ayudas, subvenciones y bonificaciones de la comunidad autónoma, que rondan los dos millones de euros al año, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática aragonesa.

Tampoco compartía la tesis del carácter vitalicio de la medalla la Delegación del Gobierno, que considera que la vigencia del acuerdo contraviene la Ley de Memoria estatal. Por otro lado, también el Justicia de Aragón, el defensor del pueblo autonómico, había pedido su retirada.

E incluso la secretaria municipal emitió a primeros de marzo un informe en el que concluía que hoy «no procedería la concesión de la medalla que en su día se otorgó» y que, por el contrario, lo procedente seria, «en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho».

«Administrativamente el acuerdo sigue en vigor»
Hay varios detalles más que ponían en tela de juicio esa tesis. Uno era la propia literalidad del acuerdo de 1951, que aludía al «pergamino que perpetúa el acuerdo municipal de concesión».

Otro, el hecho de que haya al menos un fallecido condecorado con ese mismo galardón, como ocurre con José Pablo García, Pepito el Soguero, al que le fue concedido a título póstumo tras donar 2,5 millones a la ciudad. Eso indicaría que la medalla no se pierde por el mero hecho de fallecer.

Y uno más, la retirada de la medalla al Regimiento de Artillería número 45, al que le fue otorgada el mismo día que a Franco, tras su disolución en 1963, algo que, en este caso, sí requirió un nuevo acuerdo plenario como el que ahora comienza a tramitarse. La disolución es lo más parecido al óbito que puede ocurrirle a un ente administrativo.

«Administrativamente el acuerdo sigue en vigor a fecha de hoy», explica Víctor Ruiz, portavoz del PSOE en Calatayud y autor de varias iniciativas a los largo de los últimos quince años para tratar de revocar la condecoración al dictador. «Esperamos que esta vez sea la definitiva y la medalla le sea retirada», añade.

Fuente: Público